La aprobación de la Ley de Economía Digital en el Congreso mexicano encendió las alarmas en el sector gasolinero, que advierte sobre el impacto económico de la reducción gradual del uso de efectivo. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, busca ampliar los pagos con tarjetas, transferencias y códigos QR, especialmente en gasolineras y carreteras, como parte de una estrategia para mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal.

Aunque la presidenta defendió la medida, los empresarios del sector advierten que el aumento de las operaciones electrónicas podría reducir sus márgenes de ganancia, que actualmente rondan el 4% en promedio. Según los cálculos de un empresario que prefirió mantener el anonimato, las comisiones asociadas a los pagos con tarjeta podrían recortar esa rentabilidad hasta en un punto porcentual, una diferencia significativa para un negocio que trabaja con márgenes ajustados.

La preocupación también pasa por la estructura del sector: la mayoría de los empresarios opera una o dos estaciones de servicio, por lo que cualquier incremento de los costos operativos podría afectar directamente sus ingresos. En ese escenario, los gasolineros comenzaron a evaluar posibles acciones legales contra la normativa, aunque reconocen que recurrir a amparos no ofrecería una solución inmediata.

El problema central son las cuotas de intercambio y otros costos asociados a las transacciones electrónicas. A medida que aumente la proporción de pagos digitales, los establecimientos podrían tener que asumir mayores gastos financieros, lo que abriría un nuevo frente de presión sobre su rentabilidad. Incluso si avanzan con recursos judiciales, los empresarios admiten que seguirían expuestos a esos costos mientras se resuelven los procedimientos.

La ley establece que la Secretaría de Hacienda determinará los sectores y actividades en los que será obligatorio utilizar medios de pago digitales. Para la primera etapa, el Gobierno eligió las gasolineras y las carreteras, con el argumento de que la mayoría de estos establecimientos ya dispone de terminales bancarias, sistemas de facturación electrónica y lectores de tarjetas o dispositivos TAG para el cobro de peajes.

La iniciativa busca extender el uso de herramientas digitales en las operaciones comerciales y en los trámites gubernamentales. Sin embargo, mientras el Gobierno defiende la medida como una vía para fortalecer la recaudación y reducir la evasión fiscal, el sector gasolinero pone el foco en la factura que podría dejar la transición