La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a una red de siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales por presuntas irregularidades consistentes en la simulación de competencia en procesos de contratación pública, la triangulación de recursos y el uso de sociedades con características de factureras.
Según información difundida por el diario Reforma y retomada por diversos medios, la indagatoria mantiene al menos 70 cuentas bancarias bloqueadas. Entre 2023 y 2024, la dependencia había congelado más de 400 cuentas vinculadas a 13 personas físicas y siete empresas en el marco de investigaciones financieras relacionadas con proveedores de materiales electorales. La autoridad no ha informado de sanciones definitivas ni de sujetos formalmente sancionados, ya que la investigación permanece en curso.
La red empresarial
El núcleo de la red está encabezado por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados a las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, así como a otras cinco sociedades: Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
De acuerdo con el análisis financiero, fiscal y corporativo citado en los reportes, estas compañías habrían sido utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras. Los vínculos comerciales se remontan a 2012, cuando Guadalupe Taddei Zavala presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora.
Además, la UIF revisa operaciones relacionadas con empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que habrían recibido recursos procedentes de alguna de las firmas bajo investigación.
Vínculos con personal del INE
La indagatoria alcanza a exfuncionarios y colaboradores de la actual administración del INE. Entre ellos figura Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director de Administración del instituto hasta abril de 2026 y que, según los reportes, actuó previamente como representante legal de Corporativo Zeg y facilitó un contrato cercano a los 200 millones de pesos para el suministro de materiales electorales. García González fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) por presunto conflicto de interés y abuso de funciones.
También se menciona a Claudia Arlett Espino, quien ocupó la Secretaría Ejecutiva del INE entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026. Otro elemento que ha generado controversia es el caso de Jonathan Navarrete Torres, contratado en abril de 2025 como conductor adscrito a la oficina de la consejera presidenta, con un sueldo aproximado de 45 mil pesos mensuales. Según registros del Registro Público de Comercio, Navarrete figura desde junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg (con un poder general para pleitos y cobranzas). No reportó este vínculo en su declaración patrimonial, de acuerdo con las investigaciones periodísticas.
Las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg fueron incorporadas al Registro Único de Proveedores del INE en junio de 2023, poco después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo. Ambas firmas han enfrentado revisiones previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), esta última por posibles prácticas monopólicas.
Respuesta de la consejera presidenta
Guadalupe Taddei ha rechazado los señalamientos de favoritismo o irregularidades. En declaraciones a medios, afirmó que las personas mencionadas ya no forman parte del personal del INE, negó que Navarrete haya sido su chofer personal y sostuvo que los procesos de contratación se rigen por criterios de competencia y legalidad. Indicó que los expedientes laborales y las declaraciones patrimoniales y de intereses fueron revisados y canalizados al Órgano Interno de Control, y anunció que solicitará a la ASF nuevas auditorías para esclarecer el asunto.
La investigación de la UIF continúa abierta. Hasta el momento no se han emitido resoluciones definitivas que acrediten responsabilidades penales o administrativas, y el bloqueo de cuentas constituye una medida cautelar mientras se profundiza el análisis financiero. El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y prevención de conflictos de interés en las contrataciones públicas del árbitro electoral.
