Transportistas se rebelan contra el Gobierno de Sheinbaum: exigen respuestas ante robos, extorsiones y asesinatos

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Las organizaciones de transportistas, encabezadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), exigieron una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer acuerdos concretos, con fechas claras de cumplimiento y mecanismos de seguimiento. La cámara rechazó acudir a una reunión convocada por la Secretaría de Gobernación, al considerar que sus demandas requieren interlocución al más alto nivel del Gobierno federal. Aunque la dependencia aseguró que intentó dialogar con los representantes, la Canacar sostuvo que su decisión no significa negarse al diálogo, sino exigir respuestas efectivas ante una problemática que, afirma, lleva años sin resolverse.

“No asistimos a la reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que fueron convocadas otras asociaciones que no se sumaron al movimiento, porque requerimos interlocución y definiciones al más alto nivel del Gobierno Federal”, aseguró Canacar en un nuevo comunicado. “Hemos participado en reuniones y mesas de trabajo con diversas autoridades. Sin embargo, los compromisos establecidos con la Segob desde febrero de 2024 siguen sin traducirse en las soluciones que necesitamos. Mientras esperamos respuestas, las condiciones para trabajar se deterioran. Por ello, requerimos atención de la Presidencia para coordinar a las dependencias competentes, definir acciones concretas y establecer mecanismos de seguimiento», agregaron.

Robos, extorsiones y asesinatos siguen marcando la realidad de quienes trabajan en las carreteras, denunciaron los transportistas, quienes aseguran que los compromisos asumidos con Gobernación desde febrero de 2024 no se han traducido en soluciones suficientes. En medio del paro nacional, la Secretaría reportó movilizaciones en 19 estados, con 38 puntos de protesta, 691 vehículos y 858 personas; sin embargo, la Canacar cuestionó esas cifras y afirmó que las manifestaciones alcanzaron las 32 entidades. Las organizaciones reconocieron las afectaciones que la movilización puede provocar en la población y la economía, pero insistieron en que no basta con instalar mesas de trabajo: reclaman medidas concretas para proteger a quienes transportan alimentos, medicamentos, combustibles y mercancías en todo México.

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