Sheinbaum califica como «propaganda política» señalamientos de Maru Campos sobre Rocha Moya

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien solicitó que el Gobierno federal entregue a la justicia estadounidense al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por las acusaciones que enfrenta en ese país por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que los dichos de la mandataria chihuahuense forman parte de una estrategia de propaganda política y rechazó que exista una protección especial hacia Rocha Moya. La presidenta reiteró que cualquier actuación de las autoridades mexicanas debe sustentarse en pruebas y seguir los procedimientos legales correspondientes. “Es propaganda política, es propaganda. No voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua”, indicó.

Asimismo, negó que exista una ruptura o tensión extraordinaria en la relación entre México y Estados Unidos a raíz del caso. La mandataria sostuvo que ambos países mantienen mecanismos de diálogo y cooperación, aunque insistió en la defensa de la soberanía nacional y en el respeto a los procedimientos establecidos por la legislación mexicana.

Las declaraciones se producen después de que Maru Campos acusara al Gobierno federal de actuar de manera desigual frente a las investigaciones relacionadas con funcionarios públicos señalados por autoridades estadounidenses. La gobernadora sostuvo que existe impunidad en el caso de Rocha Moya, mientras que ella ha enfrentado investigaciones derivadas de otros asuntos.

Por su parte, Sheinbaum reiteró que no se puede proceder contra ninguna persona sin elementos probatorios suficientes y recordó que anteriormente ya había rechazado las acusaciones de que su administración proteja al exmandatario sinaloense.

El caso de Rocha Moya cobró relevancia después de que autoridades de Estados Unidos presentaran acusaciones contra él y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos nexos con el crimen organizado. El Gobierno mexicano ha solicitado evidencias adicionales para sustentar dichas imputaciones antes de determinar cualquier acción legal.

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