El gobierno de Donald Trump enfrenta una nueva batalla judicial en Estados Unidos luego de que 24 estados presentaran una demanda para intentar frenar los nuevos aranceles impuestos por la Casa Blanca, una medida que llega pocos meses después de que la Corte Suprema declarara ilegal el mecanismo utilizado anteriormente por el presidente.

La disputa vuelve a poner bajo la lupa la estrategia comercial de Trump, que decidió reinstalar tarifas a las importaciones mientras se acercaba el vencimiento de los aranceles temporales aplicados después del revés judicial. Las nuevas medidas alcanzan a 59 países, entre ellos Argentina, además de los 27 integrantes de la Unión Europea.

Los aranceles oscilan entre el 10% y el 12,5% y, según información de Associated Press, afectan a países que representan alrededor del 99% de las importaciones estadounidenses. La administración republicana sostiene que la medida busca combatir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La demanda fue presentada por una coalición integrada por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Delaware, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

Los Estados argumentan que la administración de Trump volvió a utilizar una herramienta legal que ya había sido cuestionada por la Corte Suprema para imponer nuevos impuestos a las importaciones. “Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El planteamiento de los demandantes apunta directamente al fundamento jurídico que la Casa Blanca utiliza para justificar las nuevas medidas y busca impedir que el gobierno federal las mantenga vigentes.

La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que los nuevos aranceles cuentan con respaldo legal. La administración invocó la Sección 301, una disposición de la legislación comercial estadounidense que permite adoptar medidas contra prácticas consideradas injustificadas o perjudiciales para el comercio de Estados Unidos.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la decisión y sostuvo que la falta de medidas efectivas por parte de otros países para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso representa un perjuicio para el comercio estadounidense y para sus trabajadores.

La administración Trump también argumentó que los aranceles impuestos bajo la Sección 301 ya fueron utilizados durante su primer mandato y que constituyen una herramienta legal para presionar a otros países a modificar sus políticas comerciales.