El paradero y la situación jurídica de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, generan nuevas interrogantes en Estados Unidos luego de que su nombre dejara de aparecer en los registros públicos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

El cambio se registró el 11 de agosto, cuando el exfuncionario dejó de figurar bajo custodia de la agencia federal. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya recuperado su libertad, ya que hasta el momento no existe un documento judicial público que confirme su liberación.

La ficha correspondiente al número 62685-512 ya no muestra a Mérida Sánchez bajo responsabilidad del BOP, lo que abrió distintas hipótesis sobre su situación actual. Entre las posibilidades se encuentra que haya sido trasladado a otra institución, que permanezca bajo algún mecanismo de supervisión o que incluso esté colaborando con autoridades estadounidenses.

La desaparición del registro ocurre mientras continúa pendiente el proceso que enfrenta en Nueva York, donde está acusado de delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Una audiencia que estaba programada para el 4 de agosto fue aplazada por la jueza Katherine Polk Failla y, hasta ahora, no se ha anunciado públicamente una nueva fecha. En este contexto comenzó a tomar fuerza la versión de que el exfuncionario podría estar negociando con fiscales estadounidenses algún beneficio dentro de su proceso penal. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que Mérida Sánchez haya ingresado a un programa de testigos colaboradores, haya firmado un acuerdo con la Fiscalía o esté proporcionando información a las autoridades.

Su eventual colaboración sería especialmente relevante debido a los señalamientos que pesan sobre él y a la investigación estadounidense relacionada con funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.