El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como contra familiares de Fidel Castro y Raúl Castro, en una medida que busca responsabilizar a funcionarios cubanos por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Díaz Canel, a su mujer, Lis Cuesta, a su hijastro, Manuel Anido Cuesta, al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro, y al hijo de este último, Raúl Alejandro Castro Calis.
La Administración de Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.
El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.
Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Por su parte, el gobierno cubano rechazó las sanciones y las calificó como una nueva muestra de la política de presión que Estados Unidos mantiene contra la isla. Autoridades de La Habana señalaron que las decisiones estadounidenses constituyen una injerencia en asuntos internos y reiteraron su rechazo al embargo económico impuesto por Washington.
