Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, promovieron una demanda de amparo contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, y los 32 fiscales generales del país. El recurso busca que las autoridades garanticen el funcionamiento pleno del Banco Nacional de Datos Forenses, cuya falta de interconexión, según las promoventes, retrasa la identificación de restos humanos y prolonga la incertidumbre de miles de familias.
La demanda fue presentada el 7 de octubre de 2026 ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. En ella, las quejosas sostienen que, hasta esa fecha, no existía información pública suficiente sobre el funcionamiento integral del banco y que su portal digital permanecía inactivo. El recurso también señala que las autoridades no han cumplido plenamente con los compromisos establecidos para conectar las bases de datos forenses de las fiscalías del país.
El Banco Nacional de Datos Forenses fue creado para concentrar y cruzar información de las fiscalías y otras instituciones con el objetivo de facilitar la identificación de personas fallecidas y relacionar los restos localizados con reportes de desaparición. El 22 de diciembre de 2022 se firmaron las Bases de Colaboración mediante las cuales la FGR asumió compromisos para habilitar mecanismos tecnológicos que permitieran la interconexión de las bases de datos en tiempo real. Posteriormente, el 11 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de inicio de operaciones del sistema, que contemplaba una implementación gradual.
Sin embargo, de acuerdo con la demanda, más de tres años después el banco todavía no opera plenamente. Las promoventes consideran que la falta de interconexión impide aprovechar de manera eficiente la información que ya tienen las autoridades y dificulta el avance de las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.
Uno de los principales señalamientos del amparo es que, ante la falta de un sistema interconectado, las fiscalías deben recurrir a procedimientos manuales para comparar sus registros con los de otras entidades. El intercambio de información mediante oficios puede retrasar la revisión de datos y la identificación de restos humanos.
La demanda advierte que esta situación puede provocar que personas fallecidas que ya fueron localizadas permanezcan sin identificar, incluso cuando existen reportes de desaparición que podrían ayudar a establecer su identidad. En consecuencia, algunos restos pueden continuar en instalaciones forenses o fosas comunes mientras sus familiares mantienen activa la búsqueda. Para las madres buscadoras, esta demora representa un sufrimiento prolongado, pues la falta de información impide que las familias conozcan el paradero de sus seres queridos y, cuando corresponde, puedan recuperar sus restos y darles sepultura.
Ernestina Godoy y los 32 fiscales, entre las autoridades señaladas
Además de Ernestina Godoy, el recurso identifica como autoridades responsables a Mariana Díaz Figueroa, fiscal mencionada en la demanda; Adriana Lizárraga González, señalada como fiscal especial, y los titulares de las fiscalías generales de las 32 entidades federativas, junto con sus respectivas áreas especializadas en desaparición forzada. La acción judicial es promovida por la organización Defensorxs, en representación de López Pérez y Valenzuela Gil, así como de una colectividad más amplia de víctimas directas, familias buscadoras y víctimas indirectas de desaparición en México.
Las promoventes solicitan que el juez federal ordene a las autoridades garantizar la interconexión efectiva y en tiempo real del Banco Nacional de Datos Forenses, de modo que la información disponible en las distintas instituciones pueda consultarse y compararse oportunamente.
