El gobierno de Estados Unidos estimó que las ventas de petróleo venezolano bajo el actual esquema de control y sanciones podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales.

De acuerdo con proyecciones oficiales difundidas en Washington, el cálculo surge de un eventual incremento en la comercialización internacional del crudo venezolano, siempre condicionado por el régimen de licencias, sanciones y supervisión financiera que mantiene la administración estadounidense sobre la industria hidrocarburífera del país caribeño.

El esquema prevé que parte de los ingresos derivados de esas exportaciones no ingresen directamente al aparato estatal venezolano, sino que queden sujetos a mecanismos de administración externa, con el argumento de evitar su uso discrecional y direccionarlos a programas humanitarios, compromisos financieros o procesos de estabilización económica.

El interés estratégico de Washington también responde a factores energéticos internos. El crudo pesado venezolano resulta especialmente útil para determinadas refinerías estadounidenses diseñadas para procesar ese tipo de petróleo.

En paralelo, el manejo de estos recursos continúa siendo objeto de disputa política internacional. Mientras la Casa Blanca sostiene que los mecanismos de control buscan transparencia y estabilidad, desde Caracas denuncian una apropiación indirecta de ingresos soberanos y una profundización del bloqueo económico.