Un video difundido el 2 de noviembre por el periodista Carlos Loret de Mola, a través de Latinus, muestra una conversación entre Guadalupe Taddei, entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, en la que hablan sobre el presunto reparto de ganancias relacionadas con el contrato para fabricar la credencial para votar. La grabación, fechada el 16 de febrero, se conoce luego de que se revelara que una de las empresas vinculadas con el contratista obtuvo un contrato del organismo por un monto máximo de 71 millones de dólares.

En uno de los fragmentos, mientras ambos revisan cifras anotadas en una libreta, Hernández Casillas le dice a Taddei: «Yo llevo uno 300 y tú dos millones en la credencial para votar. ¿Estás de acuerdo?». El material también registra conversaciones sobre tres negocios vinculados con el mismo contrato: la producción física de las credenciales, un servicio de autenticación protegido por patente y los códigos QR generados por la empresa HuBOX.

Durante la conversación, el contratista explica el esquema de distribución de los ingresos por el servicio de autenticación y señala que se trata de un procedimiento patentado, por lo que, según sus palabras, «nadie más se le puede permitir hacer». También afirma que el negocio «trasciende la administración» del instituto. En otro momento, menciona una cifra de 68 millones de dólares y explica: «Son 68 millones. Él agarra treinta de producción y nos da el treinta de lo que queda», en referencia a un tercer socio. Agrega que sus abogados estaban definiendo cómo formalizar ese porcentaje antes de que comenzara la distribución.

La grabación también incluye referencias a Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona, empresa señalada como responsable de la ciberseguridad de las credenciales electorales. Hernández Casillas plantea un reparto de los ingresos en el que Mondragón recibiría el 70 por ciento y ellos el 30 por ciento. «De aquí estamos 70 Ramón y 30 nosotros», expresa, antes de calcular que esa proporción equivaldría a 15 millones de dólares, una vez descontados los gastos de producción.

Otro de los negocios mencionados corresponde a los códigos QR de las credenciales, generados por HuBOX, empresa vinculada con Mondragón. Durante el intercambio, Hernández Casillas pregunta: «¿Quieres que hagamos la suma?», y posteriormente enumera cifras relacionadas con la compañía: «HuBOX es un millón 472. Un millón 972», mientras ambos revisan los cálculos.

En otro tramo, el empresario habla sobre los servicios del INE en los que participaría y aquellos que dejaría de lado. «Limpieza ya no lo voy a ver yo», afirma. En cambio, al referirse a la credencial para votar desde el extranjero, sostiene: «Eso sí lo voy a ver yo, porque yo lo hice. Y aquí está el 15 por ciento también».

La publicación se suma a otros materiales difundidos previamente sobre los vínculos entre Hernández Casillas y personas cercanas a Taddei. Entre ellos, se mencionaron viajes a París de dos hijos de la entonces presidenta del INE junto al empresario, así como un encuentro en diciembre de 2025 al que habrían asistido funcionarios del organismo y empresarios relacionados con el contrato de las credenciales.

El caso también se encuentra bajo revisión de organismos fiscalizadores. Según la información difundida, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio el 24 de octubre para examinar posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene investigaciones sobre empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas y su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, por presuntas operaciones irregulares.

La difusión de estos materiales se produjo después de que Taddei anunciara su renuncia al cargo, el 25 de octubre, y que ésta se hiciera efectiva al día siguiente. En un comunicado, justificó su decisión con el argumento de «proteger al Instituto» y pidió que los materiales difundidos fueran verificados antes de emitir conclusiones. De acuerdo con la información publicada, su salida estuvo acompañada por la renuncia de otros 18 funcionarios del INE en un período de cinco días.

Hasta el 3 de noviembre, el Órgano Interno de Control del INE acumulaba 18 expedientes de investigación y cinco funcionarios imputados, según lo informado por su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante diputados. Las investigaciones deberán establecer si existieron irregularidades en los contratos y en los movimientos financieros señalados.