De acuerdo con un informe realizado por la ONG México Evalúa las denuncias por desapariciones de personas crecieron un 200% en los últimos diez años, configurando una de las crisis humanitarias más graves y persistentes del país. El reporte, basado en datos oficiales, registros judiciales y relevamientos independientes, describe una expansión sostenida del fenómeno tanto en volumen como en dispersión territorial.

Según el estudio, el aumento no sólo se refleja en la cantidad de casos sino también en su complejidad: más desapariciones vinculadas al crimen organizado, mayor participación de redes de trata y crecimiento de situaciones asociadas a conflictos locales, reclutamiento forzado y violencia estructural.

El informe identifica regiones críticas donde la problemática se profundizó, especialmente estados atravesados por disputas entre cárteles, economías ilegales y corredores de tráfico. En estos territorios, la desaparición funciona como mecanismo de control social, disciplinamiento o eliminación de rivales.

Otro eje central del documento es la debilidad institucional. Se señalan falencias en los sistemas de denuncia, demoras en la activación de protocolos de búsqueda, escasez de recursos forenses y limitaciones en la coordinación entre fiscalías estatales y organismos federales. Esto deriva en altos niveles de impunidad y baja tasa de esclarecimiento.

Las familias de personas desaparecidas continúan cumpliendo un rol clave en la búsqueda, organizando brigadas, excavaciones y relevamientos ante la insuficiencia estatal. Colectivos de víctimas denuncian que la carga de la investigación recae muchas veces en los propios allegados.