Ciudad de México, 6 de enero de 2026 — Las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (Fiscalía General de la República), en la que acusan presunta negligencia, así como omisiones de autoridades y contratistas, por el accidente ocurrido en la Línea Z del proyecto ferroviario.

De acuerdo con la denuncia, los afectados —una familia originaria de Ciudad Juárez— viajaban con destino a Oaxaca para entregar ayuda humanitaria cuando ocurrió el descarrilamiento. El incidente provocó lesiones y la interrupción total del trayecto, lo que derivó en la acción legal presentada este lunes ante autoridades federales.

El abogado de las víctimas, Adrián Arellano, explicó que la querella señala mala supervisión, deficiencias en la construcción y una rehabilitación inadecuada de la Línea Z. Sostuvo que estas fallas estructurales habrían sido determinantes en el accidente y que existían alertas previas sobre irregularidades en la obra.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación había documentado irregularidades desde 2019, según consta en auditorías que refieren trabajos pagados sin evidencia fotográfica y deficiencias en los procesos de supervisión. Dichos señalamientos, aseguran los denunciantes, no fueron atendidos de manera oportuna.

La denuncia también incluye acusaciones por abuso de autoridad y omisiones tanto de funcionarios responsables como de empresas contratistas. Las víctimas afirmaron que buscan colaborar activamente con la investigación ya abierta por la FGR, aportando información y testimonios para esclarecer qué falló realmente y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura pública sobre los señalamientos específicos contenidos en la denuncia. Se espera que la investigación determine si existieron responsabilidades penales y si las observaciones de auditoría guardan relación directa con el descarrilamiento.

El caso reabre el debate sobre la seguridad, supervisión y transparencia en proyectos de infraestructura estratégica, así como la necesidad de garantizar que las observaciones de los órganos fiscalizadores se traduzcan en acciones preventivas antes de que ocurran accidentes con consecuencias humanas.