El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción en medio de una creciente crisis política y social marcada por protestas, bloqueos de rutas y pedidos de renuncia contra su gobierno. La medida fue anunciada tras semanas de tensión en distintas regiones del país, donde sectores sindicales, organizaciones sociales intensificaron las manifestaciones contra las políticas económicas de derecha impulsadas por el Ejecutivo.
Según informó el gobierno boliviano, la decisión busca restablecer el orden público y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, afectados por más de 40 puntos de bloqueo registrados en distintos departamentos.
La medida otorga mayores facultades al Ejecutivo para intervenir en situaciones de conflicto interno y desplegar operativos de seguridad. Ante ello, se generaron debates políticos luego de que el Congreso avanzara en cambios vinculados a la ley que regulaba este tipo de disposiciones extraordinarias, en medio de cuestionamientos sobre el alcance constitucional de la decisión.
La crisis se profundizó en las últimas semanas debido al impacto de medidas de ajuste económico, entre ellas la reducción de subsidios y reformas fiscales impulsadas por la administración de Paz. Diversos sectores sociales acusan al gobierno de no haber respondido a las demandas económicas y denuncian un deterioro del costo de vida, mientras el oficialismo sostiene que las medidas son necesarias para estabilizar la economía boliviana.
