La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció que su administración analiza emprender acciones legales contra el gobierno federal de Estados Unidos para reclamar miles de millones de dólares en daños civiles, tras las revelaciones de que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) permitieron circular cargamentos de fentanilo mientras desarrollaban investigaciones contra redes del narcotráfico.
La mandataria calificó los hechos como un «fracaso asombroso» del gobierno federal y adelantó que solicitará explicaciones a la Casa Blanca y al Congreso para garantizar que este tipo de estrategias no vuelva a aplicarse en Nuevo México ni en otras entidades del país.
Las declaraciones se producen luego de que una investigación periodística revelara que, entre 2023 y 2025, agentes de la DEA monitorearon diversos cargamentos de fentanilo sin asegurarlos de inmediato, con el objetivo de fortalecer casos penales contra organizaciones criminales. Tras darse a conocer la información, la DEA solicitó al órgano de supervisión del Departamento de Justicia que realizara una investigación independiente sobre la actuación de sus agentes. Por su parte, el fiscal general de Nuevo México inició una investigación para determinar si funcionarios federales incurrieron en alguna violación a la legislación estatal al permitir que el opioide llegara a las comunidades.
La gobernadora sostuvo que esta estrategia pudo haber puesto en riesgo la seguridad pública, en un estado donde la crisis por consumo de fentanilo continúa siendo una de las principales problemáticas. De acuerdo con datos oficiales, mientras las muertes por sobredosis disminuyeron 14% a nivel nacional durante el último año, en Nuevo México aumentaron 21%.
El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, afirmó que el fentanilo representa el principal desafío de seguridad para la ciudad, debido a su impacto en la delincuencia, el incremento de personas en situación de calle y la presión sobre el sistema de salud.
