La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, defendió al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al asegurar que su detención responde a una persecución política y no al combate real contra el contrabando de combustibles.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el exmandatario estatal es un «preso político» y acusó al gobierno federal de utilizar el caso para desviar la atención de la presunta red de corrupción relacionada con el llamado huachicol fiscal y de la polémica generada por los audios filtrados de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. «Es ofender la inteligencia de los mexicanos que la única persona encarcelada por este esquema sea un opositor que ni siquiera ocupaba un cargo público cuando ocurrieron los hechos que hoy le imputa la Fiscalía General de la República», declaró.
López Rabadán sostuvo que el contrabando de combustibles no puede operar sin la participación o la omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno. «Hay un entramado de autoridades municipales, estatales y federales que permiten que ingrese, se distribuya y se venda el huachicol fiscal sin pagar impuestos. Para que eso ocurra, se requiere la colusión de autoridades, no de ciudadanos sin cargo», afirmó.
La diputada señaló que las investigaciones deberían dirigirse contra los funcionarios que, presuntamente, autorizan o permiten estas operaciones ilegales y no contra quien fue el primer gobernador de oposición en la historia de México. «Hay grandes reclamos en nuestro país y no es metiendo a un preso político a la cárcel como se van a solucionar esos problemas», expresó.
Asimismo, calificó la detención de Ruffo Appel como una «cortina de humo» y una acción que, dijo, afecta a la democracia mexicana. «Es una cortina de humo y una afrenta a la democracia; que Ernesto Ruffo esté preso es una afrenta a la historia de nuestro país», sostuvo.
Las declaraciones de López Rabadán se suman a las del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de emprender una «cacería de brujas» contra la oposición y pidió que la gobernadora Marina del Pilar solicite licencia para facilitar las investigaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una aplicación selectiva de la justicia y aseguró que la detención de Ernesto Ruffo responde únicamente a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles, descartando cualquier motivación política en el caso.