La controversia por los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sumó un nuevo capítulo este martes luego de que el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exigiera que la mandataria solicite licencia de su cargo y sea investigada por el presunto delito de traición a la patria.

«Que pida licencia y que se abra una carpeta de investigación por traición a la patria. Esa es nuestra exigencia», declaró el senador panista, al considerar que en los audios la gobernadora presuntamente ofrece compartir información obtenida en las Mesas de Seguridad a cambio de obtener beneficios respecto a su situación migratoria en Estados Unidos.

De acuerdo con Anaya, si se confirma que la mandataria planteó entregar información confidencial del Estado mexicano, la conducta podría constituir un delito. «Está ofreciendo dar información confidencial del Estado mexicano, obtenida en la Mesa de Seguridad, a cambio de obtener inmunidad por los delitos que ha cometido; eso se llama traición a la patria», afirmó.

La polémica surgió tras la difusión de un nuevo audio en el que presuntamente Marina del Pilar conversa con un interlocutor sobre la cancelación de su visa estadounidense y hace referencia a información relacionada con las mesas de seguridad. La gobernadora reconoció que la conversación existió, pero negó haber comprometido información sensible y aseguró que sus declaraciones fueron descontextualizadas.

En contraste, desde Morena, el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, rechazó que existan elementos para exigir la separación del cargo de la gobernadora y respaldó la postura expresada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Monreal sostuvo que los gobernadores no tienen acceso a información clasificada en materia de seguridad nacional, por lo que, a su juicio, el contenido de los audios no acredita la comisión de algún delito. Además, consideró que el aspecto más grave del caso es la presunta intervención y filtración ilegal de una conversación privada. «Toda filtración ilegal y toda labor de espionaje es repugnable. Ella debería denunciar penalmente el espionaje del que está siendo objeto», expresó el legislador, aunque aclaró que, de existir alguna conducta ilícita, corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades.