La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, busca retomar en los próximos meses sus iniciativas para combatir la gentrificación, regular el aumento de las rentas y garantizar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el proyecto enfrenta un obstáculo clave: el Partido Verde no está dispuesto a respaldar la reforma constitucional, por lo que los votos necesarios para aprobarla todavía no están asegurados.

La propuesta, anunciada desde abril, plantea establecer un límite al incremento de las rentas vinculado a la inflación y crear una figura de defensa para los inquilinos. También contempla una nueva legislación relacionada con la vivienda y los despojos. El oficialismo pretende llevar la reforma al Congreso capitalino a partir de septiembre, cuando se reanude el periodo ordinario de sesiones.

El problema es que Morena necesita al Verde para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes que requiere una reforma constitucional. El coordinador de los diputados del Partido Verde, Jesús Sesma, ya manifestó su rechazo al proyecto, al considerar que carece de fundamento y no ofrece suficiente certeza jurídica. Desde la bancada ecologista aseguran, además, que el gobierno de Brugada ni siquiera ha abierto una negociación formal para buscar su respaldo: “Con nosotros nadie habló”, sostienen.

Así, una de las principales apuestas legislativas de Brugada llega a septiembre con más dudas que votos. La jefa de Gobierno insiste en que la reforma será fundamental para enfrentar la gentrificación y los despojos, pero si no logra convencer al Verde, el proyecto podría quedar frenado en el Congreso y abrir un nuevo frente de tensión dentro de la propia 4T.