El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, reconoció este martes la existencia de casos documentados de sustracción de medicamentos de hospitales y centros de salud públicos que terminan comercializándose de forma irregular, incluso en puntos ubicados afuera de las propias instalaciones médicas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Clark respondió a cuestionamientos sobre el desabasto y el presunto involucramiento de personal del sector. Aclaró que no se puede responsabilizar de manera general a médicos, enfermeras o al personal de salud por la falta de medicamentos.
“Nunca diría que los médicos, las enfermeras o el personal de salud son los responsables del desabasto. Lo que diría es que desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle”, señaló. Agregó que se han identificado situaciones en las que fármacos destinados al sector público, que llevan la leyenda de propiedad exclusiva del sector salud, se ofrecen a la venta fuera de los hospitales. “Es una cosa horriblemente dolorosa cuando un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y le dicen: ¿sabes qué? Te lo vendo afuera”.
Medidas anunciadas
Clark detalló dos estrategias principales que ya se implementan para combatir estas prácticas:
- Identificación más visible de los medicamentos gratuitos. Se reforzarán las leyendas en las cajas para que quede claro que son de distribución gratuita, propiedad del Estado mexicano y que su venta está prohibida. El funcionario explicó que la medida busca que los pacientes reconozcan que no deben pagar por ellos y que la ciudadanía pueda identificar y denunciar su comercialización en tianguis, mercados o farmacias privadas. “Si ustedes lo ven en un tianguis o en una farmacia privada con ese logo que dice que la salud es un derecho y medicamento gratuito, sepan que ese medicamento fue sustraído y por favor ayúdennos a denunciarlo”, indicó.
- Transformación digital y trazabilidad. Se trabaja en un sistema que permita rastrear el origen, lote y destino de los medicamentos desde los almacenes hasta su entrega al paciente. La medida pondrá especial atención en tratamientos de alto costo, cuyas cajas pueden superar los 200 mil pesos, para identificar a quién se entregó y detectar posibles desvíos.
Clark subrayó que el objetivo es acotar los espacios para que los medicamentos permanezcan en las unidades médicas y se entreguen de forma gratuita a los pacientes.
Contexto de la conferencia
En la misma conferencia, el subsecretario informó que las nuevas estrategias de compra consolidada (adquisición directa a fabricantes y subastas inversas) han permitido evitar un gasto adicional cercano a 70 mil millones de pesos en comparación con precios anteriores: alrededor de 45 mil millones en las compras de 2025-2026 y 35 mil millones en lo adquirido hasta ahora para 2027. Para el periodo 2027-2028 se contemplan cerca de 6 mil millones de piezas de medicamentos e insumos.
También se refirió a contratos anteriores considerados dañinos para el erario. Señaló que entre 2022 y 2023 una empresa (cuyo nombre no reveló porque se encuentra bajo investigación) recibió alrededor de 1,700 millones de pesos por la distribución de medicamentos y la operación de farmacias en hospitales públicos del Estado de México, con estimaciones de sobrecostos de entre 50% y 60%. Tras nuevas licitaciones, el costo anual de ese servicio se redujo 32% y aumentó entre 30% y 40% el volumen de medicamentos distribuidos mensualmente. El gobierno busca sustituir progresivamente esos esquemas por una red pública de distribución.
Asimismo, se informó que se han realizado pagos por cerca de 10 mil millones de pesos correspondientes a adeudos de principios de 2026 con empresas farmacéuticas, reduciendo a más de la mitad los procesos pendientes.
La declaración de Clark se da en un contexto de persistentes quejas por desabasto de medicamentos en el sistema público de salud, un tema que ha sido recurrente en los últimos años y que las autoridades han atribuido a diversos factores, incluidos problemas de distribución, incumplimientos de proveedores y, ahora de forma más explícita, casos específicos de desvío.
