El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, decidió llevar a Estados Unidos un conflicto que se originó dentro de México. El priista presentó ante el Departamento de Estado estadounidense una denuncia contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el organismo electoral le impusiera medidas que le impiden utilizar expresiones como “narcopartido” para referirse a Morena.

En lugar de limitar su disputa a las instancias electorales y judiciales mexicanas, Moreno recurrió al Gobierno de Estados Unidos y solicitó que se revise la actuación de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo la denominada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una legislación estadounidense que contempla sanciones contra personas vinculadas con graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción.

La maniobra sitúa el conflicto político mexicano en un terreno internacional y, en particular, frente a una potencia extranjera. Moreno pretende que una autoridad de Estados Unidos revise las actuaciones de funcionarios de un organismo mexicano, pese a que el origen de la disputa se encuentra en una resolución adoptada por el propio INE dentro del marco electoral nacional.

El enfrentamiento comenzó después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenara retirar publicaciones de Moreno y del PRI en las que se utilizaban calificativos como “narcogobierno”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”. El organismo consideró que esas expresiones podían implicar la imputación de hechos o delitos falsos al vincular a Morena con actividades del narcotráfico sin sustento acreditado.

Moreno, sin embargo, no se quedó en la impugnación ante las instituciones mexicanas. Además de recurrir a la Sala Superior del Tribunal Electoral, anunció acciones ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La decisión de acudir al Departamento de Estado estadounidense abre un frente político poco habitual: un dirigente partidista mexicano busca que una autoridad de otro país examine una controversia surgida entre un partido político y el árbitro electoral de México.

Moreno sostiene que la resolución del INE vulnera sus derechos y la libertad de expresión. Incluso tomó como referencia el caso del juez brasileño Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos en 2025 bajo la misma legislación, para argumentar que Washington podría intervenir en situaciones que, desde su perspectiva, involucren persecución política o restricciones a la libertad de expresión. No obstante, la denuncia presentada por Moreno representa su propia interpretación de los hechos y no implica que el Gobierno estadounidense haya aceptado intervenir ni que haya determinado alguna responsabilidad de los consejeros del INE.