El caso Ayotzinapa vuelve a poner bajo la lupa a la clase política de Guerrero. Ángel Aguirre Rivero, quien gobernaba el estado cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue detenido por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la captura deriva de un nuevo análisis de las investigaciones realizadas tras la desaparición de los normalistas. De acuerdo con la dependencia, este proceso permitió identificar elementos que apuntarían a una posible intervención del exmandatario para ocultar información y evidencias que podían contribuir a establecer qué ocurrió con los estudiantes.
Aguirre Rivero llegó a la gubernatura de Guerrero en 2011 y permaneció en el cargo hasta octubre de 2014, cuando presentó su renuncia en medio de la crisis política provocada por la desaparición de los normalistas. Desde entonces, el exgobernador se había mantenido alejado de los principales cargos públicos y había rechazado en distintas ocasiones cualquier responsabilidad en la manipulación o desaparición de pruebas.
Uno de los señalamientos que volvió a colocarlo en el debate fue el relacionado con las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala, material considerado relevante para reconstruir lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. En mayo de 2025, después de la detención de Lambertina Galeana Marín, entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Aguirre negó haber ordenado alguna acción sobre material probatorio y sostuvo que nunca dio instrucciones para su manejo.
Ahora, la detención del exgobernador abre una nueva etapa en una investigación que, a casi doce años de la desaparición de los estudiantes, continúa buscando establecer responsabilidades entre funcionarios y autoridades que tuvieron algún grado de intervención durante las primeras horas y días posteriores a los hechos.
El caso también vuelve a poner en el centro la actuación de las autoridades de Guerrero durante la administración de Aguirre, marcada por distintos episodios de violencia y cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos se encuentra el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa durante una protesta en diciembre de 2011.
