La decisión de Israel de incorporarse al denominado Consejo de Paz promovido por Donald Trump abre un nuevo capítulo en la arquitectura diplomática diseñada por Washington para el escenario de posguerra en Gaza, pero también multiplica las críticas sobre su legitimidad, su viabilidad operativa y sus implicancias geopolíticas.

El organismo —presentado como una instancia para supervisar la reconstrucción del enclave palestino y coordinar una eventual fuerza internacional de estabilización— fue impulsado por la Casa Blanca como parte de su estrategia para ordenar el tablero regional tras meses de conflicto. La adhesión formal del gobierno de Benjamin Netanyahu, rubricada en Washington, busca dotar de peso político y militar a la iniciativa.

Sin embargo, el esquema nace atravesado por cuestionamientos estructurales. El primero es de representación: el consejo fue concebido sin participación directa de la Autoridad Nacional Palestina ni de otros actores políticos palestinos, lo que para analistas y organismos internacionales debilita cualquier pretensión de gobernanza legítima sobre Gaza.

A esto se suma el rol difuso de Naciones Unidas. La iniciativa no surge de un mandato multilateral ni de resoluciones del Consejo de Seguridad, sino de un acuerdo político promovido por Estados Unidos y sus aliados. Para sectores críticos, esto implica un desplazamiento de los marcos tradicionales del derecho internacional hacia mecanismos ad hoc con fuerte sesgo geopolítico.

En el plano humanitario, organizaciones advierten que la reconstrucción de Gaza no puede desvincularse de la situación de ocupación, el bloqueo y el control territorial israelí. Temen que el consejo funcione más como un administrador de la crisis que como una solución estructural al conflicto.

También existe escepticismo sobre los objetivos estratégicos de Washington. Para algunos especialistas, el organismo responde tanto a la necesidad de estabilizar Gaza como a un intento de Estados Unidos de reposicionarse en Medio Oriente, contener la influencia iraní y fortalecer alianzas regionales en un contexto global de competencia de poder.

Desde el gobierno israelí sostienen que la participación permitirá garantizar su seguridad, evitar el rearme de grupos armados y canalizar ayuda internacional bajo supervisión. Pero puertas adentro, el debate político tampoco es unánime: sectores opositores cuestionan los costos militares y diplomáticos de involucrarse en un esquema aún difuso.