La Unión Europea dio un nuevo paso hacia el endurecimiento de su política migratoria tras la aprobación, en el Parlamento Europeo, de una reforma clave del sistema de asilo que habilita mayores mecanismos de deportación y allana el camino para instalar centros de expulsión de migrantes fuera del territorio comunitario. La iniciativa, respaldada por bloques de derecha y ultraderecha, aún requiere la validación final de los Estados miembros para su entrada en vigor.

La reforma introduce modificaciones sustanciales en los procedimientos de asilo. Entre los cambios más controvertidos figura la posibilidad de trasladar solicitantes a terceros países con los que no tienen vínculos directos, siempre que existan acuerdos bilaterales. Este punto abre la puerta a la externalización de la gestión migratoria, un modelo que algunos gobiernos europeos vienen promoviendo desde hace años.

En ese marco, la Eurocámara avanzó hacia la validación de centros de deportación fuera de la UE, presentados en Bruselas como una “solución innovadora” para gestionar los flujos migratorios. Países como Dinamarca y Países Bajos impulsan la iniciativa, mientras que Italia ya puso en marcha instalaciones de este tipo en Albania, bajo el impulso del gobierno de Giorgia Meloni.

Otro eje central de la reforma es la creación de una lista unificada de “países de origen seguros”. En ella figuran Estados como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. La clasificación implica que los solicitantes procedentes de esos territorios tendrán muchas más dificultades para obtener asilo, al presumirse que no huyen de persecución o violencia estructural.

Organizaciones de derechos humanos y eurodiputados de sectores progresistas denunciaron que la medida puede poner en riesgo a miles de personas. Advirtieron que algunos de los países catalogados como “seguros” registran antecedentes graves de violaciones a los derechos humanos, lo que podría derivar en devoluciones a contextos de peligro.

Desde el bloque conservador, en cambio, defienden la reforma como una respuesta a la presión social por mayor control migratorio. Voces del Partido Popular Europeo sostienen que la ciudadanía exige políticas más firmes y que las nuevas herramientas permitirán gestionar mejor los flujos y reducir la inmigración irregular.

Si el cronograma institucional se cumple, las nuevas normas podrían entrar en vigor a partir de junio, consolidando uno de los cambios más profundos del sistema de asilo europeo en décadas y abriendo una nueva etapa en la externalización del control migratorio del bloque.