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La ONU advierte por posibles maltratos en centros de rehabilitación de adicciones en México

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Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron sobre la falta de regulación en centros de tratamiento para personas con adicciones en México, una situación que —advirtieron— incrementa el riesgo de malos tratos, internamientos forzados y prácticas coercitivas, particularmente en establecimientos privados.

La advertencia fue emitida por el Subcomité para la Prevención de la Tortura tras una visita oficial al país realizada entre el 25 y el 30 de enero de 2026 la delegación recorrió distintos espacios de detención, incluidos centros de rehabilitación. Según señalaron, en varios de estos lugares detectaron condiciones preocupantes y mecanismos de control que vulneran los derechos de las personas internadas.

El organismo internacional expresó su inquietud por la operación de anexos y clínicas que funcionan fuera de un marco normativo adecuado. De acuerdo con su diagnóstico, la ausencia de supervisión efectiva facilita la aplicación de castigos, restricciones indebidas y otras prácticas que pueden constituir tratos crueles o degradantes.

Asimismo, los expertos subrayaron que persiste el internamiento involuntario de pacientes, pese a que la legislación mexicana prohíbe institucionalizar a personas contra su voluntad. Esta brecha entre la ley y su aplicación práctica fue señalada como uno de los principales focos de preocupación.

Durante la visita —la tercera que el Subcomité realiza a México— también se identificaron deficiencias en la investigación de denuncias por tortura y malos tratos, así como problemas estructurales de impunidad. Aunque reconocieron que el país cuenta con un marco jurídico sólido y ha impulsado medidas para prevenir estos delitos, indicaron que aún existen fallas en la implementación efectiva de dichas normas.

El Subcomité adelantó que presentará un informe confidencial al Gobierno de México con conclusiones y recomendaciones específicas, e instó a las autoridades a hacerlo público y a colaborar en la aplicación de medidas correctivas que aseguren condiciones dignas y tratamientos adecuados para las personas con problemas de adicción.

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