Autoridades mexicanas anunciaron la detención de seis presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Tren de Aragua en diversas alcaldías de la Ciudad de México, en una operación coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que estos arrestos forman parte de acciones de inteligencia e investigación para desarticular células vinculadas a delitos de extorsión, trata de personas y tráfico de drogas dentro de la capital.
Entre los detenidos se encuentra una mujer identificada como Lesli Valeri “N”, señalada como responsable de la explotación sexual de mujeres, distribución de narcóticos y control de víctimas, así como enlace con redes locales del grupo criminal. Otro de los arrestados es Bryan “N”, supuesto operador financiero, al que se le atribuye facilitar inmuebles usados para resguardar a víctimas y alojar a otros miembros de la banda.
Los operativos se llevaron a cabo mediante cateos en domicilios de las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa, donde también se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo, equipos de cómputo y un arma de fuego. Los detenidos y los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de las autoridades y presentados ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
El Tren de Aragua, originado en Venezuela y catalogado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, es considerado una de las estructuras criminales más complejas de la región, con presencia documentada en varios países de América Latina y vinculaciones con delitos de alto impacto.
La presencia de esta banda en México y, en particular, en la Ciudad de México fue detectada desde finales de 2024, cuando las autoridades comenzaron a identificar su participación en redes de explotación y crimen transnacional. Estas capturas se suman a esfuerzos previos para debilitar sus operaciones y reducir su influencia en delitos que afectan directamente a comunidades locales.
