La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió a las autoridades de Estados Unidos esclarecer la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, ubicado en Laredo, Texas, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un comunicado difundido la noche del domingo 18 de octubre, el Gobierno de México expresó sus condolencias a la familia de la víctima y manifestó su preocupación por la recurrencia de estos casos.

La Cancillería informó que, con este fallecimiento, suman 18 los mexicanos muertos en estas circunstancias desde el 20 de enero de 2025. Ante esta situación, pidió una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes, así como una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita determinar las circunstancias de la muerte y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la SRE, el Consulado General de México en Laredo recibió la notificación del fallecimiento por parte de la oficina local del ICE. La representación consular activó los protocolos de protección, estableció comunicación con los familiares y les brindó la asistencia correspondiente. Además, el Gobierno mexicano reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el exterior.

La dependencia también anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb para solicitar el esclarecimiento del caso. Asimismo, por medio de la Embajada de México en Estados Unidos, pedirá a las autoridades migratorias que garanticen el acceso de los cónsules mexicanos a los centros de detención, con el objetivo de verificar las condiciones de los connacionales y exigir que reciban atención médica adecuada.

Finalmente, la SRE señaló que continuará utilizando mecanismos diplomáticos y jurídicos, incluidas notas diplomáticas ante el Departamento de Estado y gestiones para facilitar el acceso de las familias a representación legal. El Gobierno mexicano insistió en la necesidad de que las autoridades estadounidenses investiguen estos fallecimientos y garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas bajo custodia migratoria.