Los votantes de Suiza rechazaron en referéndum una propuesta que buscaba fijar un tope de 10 millones de habitantes para la población del país y obligar al gobierno a adoptar medidas migratorias más estrictas una vez alcanzado ese umbral.

La iniciativa había sido promovida por partidos de derecha del país que advertían sobre los efectos del crecimiento poblacional en áreas como la vivienda, el transporte, los servicios públicos y la protección del medio ambiente. En ese sentido, sostenían que el aumento sostenido de la población estaba generando una presión excesiva sobre la infraestructura nacional.

Sin embargo, entre un 54 y 55% de ciudadanos optó por rechazar la propuesta. Incluso empresarios, sindicatos y el propio Gobierno defendieron la necesidad de mantener el acceso a mano de obra extranjera en sectores clave como la salud, la tecnología y los servicios, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

El resultado fue interpretado como un respaldo al actual modelo de crecimiento y a una política migratoria más flexible. Diversos sectores empresariales habían advertido que la economía suiza depende en gran medida de profesionales y trabajadores provenientes del exterior, especialmente en áreas como la salud, la ingeniería, la industria y los servicios.

Tras conocerse los resultados, representantes del gobierno señalaron que la decisión permite mantener las actuales estrategias de desarrollo y evita tensiones con socios europeos en materia de movilidad laboral y cooperación económica.