La Cámara de Diputados de México aprobó en general la reforma judicial impulsada por el oficialismo para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 y establecer nuevas reglas contra la injerencia extranjera en comicios, entre otros puntos salientes. La iniciativa fue aprobada por 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, por lo que se alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. La discusión en lo particular continúa este miércoles.
En el recinto el bloque oficialista sostuvo la mayoría sin fisuras en lo general, aunque la diputada del PT Martha Aracely Cruz votó en contra, en contraste con la exministra y diputada morenista Olga Sánchez Cordero, quien había anunciado reservas en comisión y finalmente respaldó el dictamen.
Asimismo, fue una sesión marcada por los cruces entre los diferentes bloques. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, intentó frenar la discusión con una moción suspensiva y calificó la reforma de “tramposa, contradictoria y peligrosa para la democracia”. Con un acordeón en mano advirtió que la enmienda no busca mejorar la impartición de justicia sino controlar el Poder Judicial.
La panista Laura Cristina Márquez ironizó que la reforma trata de recomponer los cambios constitucionales que, a su juicio, “destruyeron al Poder Judicial”. Sostuvo que la elección de juzgadores por voto popular deja en indefensión jurídica a los ciudadanos.
Principales cambios de la reforma judicial
El cambio central de la reforma es mover la próxima elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales de ese año.
La iniciativa también busca crear una Comisión Coordinadora que homologue criterios y metodologías de los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles de quienes aspiren a cargos judiciales. Esa comisión incluirá exámenes de conocimiento y filtros para verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales.
También se reduce el número de candidaturas en boleta: cada comité seleccionará los cuatro perfiles mejor evaluados por cargo, con paridad de género.
La reforma también modifica los plazos de cuatro magistraturas de la Sala Superior: los periodos de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez se amplían un año. Los magistrados que resulten electos en 2028 durarán cinco años en el cargo, en lugar de los seis años que estaban previstos originalmente.
