La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de una ciudadana, en hechos ocurridos durante el gobierno del fallecido dictador peruano Alberto Fujimori.
De esa forma la CIDH declaró al Estado peruano responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Edith Ramos Durand.
Mediante un comunicado de prensa, la Corte indicó que los casos ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar promovido por Fujimori, que impulsaba la anticoncepción quirúrgica voluntaria, pero derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema.
Así determinó que Celia Edith Ramos Durand, «fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas» el 3 de julio de 1997 en un establecimiento que «no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias».
Como producto del procedimiento quirúrgico, la mujer de 34 años de edad falleció luego de atravesar un cuadro de coma. En su sentencia, el ente supranacional determinó que el Estado peruano vulneró múltiples derechos de la víctima, entre ellos la vida, la integridad personal, la libertad personal, el acceso a la información, entre otros.
