La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este miércoles una propuesta de reforma constitucional en materia electoral, impulsada por su administración y presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Unión el próximo lunes 2 de marzo, busca reducir en un 25% los gastos del sistema electoral, eliminar las listas plurinominales tradicionales y promover una elección más directa de legisladores, entre otros cambios.
La reforma se compone de 10 puntos clave, enfocados en cuatro ejes principales: la integración del Congreso, la reducción de costos, el fortalecimiento de la fiscalización y la regulación de nuevas tecnologías en campañas electorales. Según la presidenta, esta propuesta responde a un «asunto de principios» y cumple con demandas populares, aunque aclaró que no representaría una derrota si no se aprueba en el Legislativo.
Cambios en la Integración del CongresoUno de los aspectos más destacados es la reconfiguración del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes, pero todos serían electos por votación directa:
- 300 por mayoría relativa.
- 200 por representación proporcional, distribuidos de la siguiente manera: 97 para los candidatos con mejores resultados dentro de su partido (aunque no ganadores), 95 asignados por votación directa en circunscripciones con paridad de género, y 8 para mexicanos residentes en el extranjero.
En el Senado, se reduciría el número de escaños a 96:
- 64 por mayoría relativa.
- 32 por primera minoría, eliminando la representación proporcional actual.
Estos ajustes buscan transitar hacia un modelo donde la pluralidad política sea una expresión directa de la voluntad ciudadana, en lugar de decisiones internas de los partidos.
Reducción de Gastos y Fortalecimiento de la FiscalizaciónLa iniciativa propone una disminución significativa en el financiamiento público a partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de abaratar los procesos electorales. Además, incluye medidas para una mayor fiscalización de recursos, prohibiendo donaciones en efectivo y fondos de procedencia ilícita. Se amplían mecanismos de democracia participativa y se promueve el voto de los emigrantes.
Otro punto clave es la regulación del uso de inteligencia artificial (IA) y bots en campañas, con el fin de prevenir manipulaciones y garantizar la integridad de los comicios.
