El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que las llamadas Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad para su venta en el mercado estadounidense, como parte de un acuerdo que, aseguró, beneficiará tanto al pueblo venezolano como a los intereses energéticos de Estados Unidos.

De acuerdo con un mensaje difundido por Trump en redes sociales, el crudo será autorizado para su comercialización en Estados Unidos a precio de mercado, y los recursos obtenidos estarán bajo supervisión directa del gobierno estadounidense. El mandatario afirmó que ejercerá control sobre esos ingresos con el objetivo de garantizar que se destinen al bienestar del pueblo venezolano y a proyectos estratégicos compartidos entre ambos países.

Trump detalló que ya solicitó al secretario de Energía ejecutar el plan de inmediato, señalando que el petróleo será transportado mediante buques de almacenamiento que llegarán directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Según el presidente, la operación comenzará en el corto plazo como parte de una estrategia energética y geopolítica más amplia.

El anuncio se da en un contexto de reconfiguración de la política estadounidense hacia Venezuela, marcada por sanciones, disputas sobre el reconocimiento de autoridades legítimas y el interés de Washington por asegurar suministros energéticos estables ante la volatilidad del mercado internacional del petróleo. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de organismos internacionales ni de autoridades venezolanas sobre los detalles operativos del acuerdo.

Especialistas advierten que una operación de esta magnitud tendría implicaciones económicas, legales y diplomáticas relevantes, tanto para el mercado petrolero como para la situación interna de Venezuela. También señalan que será clave conocer el marco jurídico bajo el cual se realizaría la venta del crudo y el destino final de los recursos generados.

Hasta ahora, el gobierno de Venezuela no ha emitido una postura oficial, mientras que analistas internacionales subrayan que cualquier transferencia de petróleo requerirá claridad sobre el reconocimiento de autoridades, el levantamiento o flexibilización de sanciones y la supervisión de los flujos financieros involucrados.