Las tensiones en el estado de Minnesota han escalado de manera significativa tras una serie de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales encargados de un operativo migratorio, considerado el mayor en la historia reciente del estado por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La situación se intensificó después de que una mujer de 37 años, identificada como Renee Good, fuera fatalmente baleada por un agente de ICE en Minneapolis durante una redada migratoria, hecho que ha generado una fuerte condena pública, vigilia y protestas en varias ciudades del país.

Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, presentó el lunes una demanda federal contra la administración del expresidente Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La queja legal acusa al gobierno federal de violar derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión, y de llevar a cabo un operativo que califican de una “invasión federal” por parte de miles de agentes desplegados en la región.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sostuvo en conferencia de prensa que las acciones de los agentes federales constituyen un ataque a las libertades fundamentales y que la presencia masiva de oficiales en el estado —sin control local— vulnera derechos civiles.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha defendido el operativo, argumentando que se trata de una respuesta legítima para hacer cumplir las leyes migratorias. La agencia informó que más de 2,000 personas han sido arrestadas en el estado desde principios de diciembre, en lo que describe como parte de sus esfuerzos para garantizar la seguridad pública.

Desde la muerte de Good, decenas de protestas y vigilias se han registrado en diferentes partes del país en su memoria y en rechazo a las tácticas empleadas por el ICE. Las autoridades locales y líderes comunitarios han denunciado el uso de gases lacrimógenos y confrontaciones directas entre manifestantes y agentes federales durante las manifestaciones.

La administración federal ha sostenido que sus acciones buscan proteger las fronteras y aplicar la ley sin importar las críticas, mientras que los opositores insisten en que el operativo ha polarizado aún más a la sociedad estadounidense y ha generado un choque de jurisdicciones entre autoridades estatales y federales.