El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego presentó este martes una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una “persecución política” en su contra.
La queja fue entregada luego de que Salinas Pliego agotara todas las instancias legales en México, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde perdió múltiples juicios relacionados con una deuda fiscal acumulada de más de 51,000 millones de pesos. Ante dichas resoluciones adversas, el magnate decidió escalar el conflicto a órganos internacionales.
Acusaciones de hostigamiento fiscal, judicial y mediático
Según el comunicado difundido por el propio Grupo Salinas, la denuncia presentada ante la CIDH detalla un hostigamiento sistemático de tipo fiscal, judicial y administrativo que, en su opinión, busca restringir su libertad de expresión y limitar su participación en el debate público nacional.
El expediente, entregado en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington al relator especial para la Libertad de Expresión, incluye alegatos sobre auditorías excesivas, daño reputacional mediante vocerías públicas y medios de comunicación, y el uso político, según Salinas, del sistema fiscal y judicial.
Salinas Pliego ha señalado en sus redes sociales que se trata de un “acoso sistemático” por parte del gobierno mexicano para intimidarlo y silenciar su voz crítica.
Efectos y contexto político
La presentación de esta denuncia ocurre en un ambiente de alta polarización política en México, donde la relación entre grandes empresarios y el Estado ha sido objeto de debate público. Analistas señalan que, aunque la CIDH puede tardar años en admitir y resolver casos de esta naturaleza, el movimiento de Salinas Pliego representa un golpe mediático más que uno jurídico inmediato.
Hasta ahora no se espera que el recurso produzca efectos legales directos sobre el proceso fiscal en México, aunque sí podría generar presión internacional sobre las prácticas del gobierno en materia de independencia judicial y uso de las instituciones estatales.
Por su parte, sectores políticos de oposición han expresado su apoyo a la denuncia y han criticado lo que consideran un uso político de las decisiones fiscales y judiciales, mientras que el gobierno federal ha insistido en que las resoluciones se han ajustado a derecho y que el pago de impuestos es una obligación válida para todos los contribuyentes.
