CIUDAD DE MÉXICO – Una investigación periodística revelada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala presuntas irregularidades en la gestión de Daniel Arturo Casasús, actual funcionario y figura cercana a Andrés Manuel López Beltrán. Según el reporte, Casasús habría otorgado contratos por un monto cercano a los 12 millones de pesos a compañías clasificadas como “fantasmas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La investigación detalla que los contratos fueron asignados a empresas que figuran en el listado definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Esta categoría es utilizada por el SAT para identificar a empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal o infraestructura real para prestar los servicios o producir los bienes que facturan.

Los recursos, según MCCI, habrían sido desviados a través de diversos servicios de consultoría y logística que nunca fueron plenamente comprobados. Daniel Casasús, quien ha ocupado cargos relevantes en el estado de Tabasco —incluyendo la delegación de Programas para el Bienestar—, ha sido señalado anteriormente por su estrecha relación personal y política con el círculo cercano de la familia presidencial.

Este hallazgo se suma a una serie de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en administraciones estatales y federales vinculadas a perfiles de confianza. La organización MCCI enfatiza que el uso de empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) es una de las tácticas más recurrentes para el posible desvío de fondos y la evasión fiscal.

Hasta el momento, ni el funcionario implicado ni las dependencias involucradas han emitido un comunicado oficial desmintiendo los datos presentados en la investigación. Por su parte, sectores de la oposición han solicitado que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inicie una revisión exhaustiva de las cuentas públicas relacionadas con estos contratos para determinar si existió un daño al erario.

El caso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en la asignación directa de contratos y el rigor con el que se verifican los proveedores dentro de la administración pública.