El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una medida que representa una de las mayores restricciones migratorias de la administración del presidente Donald Trump hasta la fecha y que entrará en vigor el 21 de enero de 2026.

La decisión, implementada por el Departamento de Estado, se justifica en la preocupación de que solicitantes de estas naciones puedan convertirse en lo que las autoridades estadounidenses califican de “carga pública”, es decir, personas que podrían depender de beneficios o asistencia social del gobierno tras su llegada al país.

¿Qué implica la suspensión?

• La pausa solo afecta a visas de inmigrante, que permiten a las personas establecerse permanentemente en Estados Unidos.
• No se incluyen las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudios o negocios, que seguirán siendo procesadas normalmente.
• Los consulados estadounidenses serán instruidos para revisar más estrictamente las solicitudes, y en algunos casos se pedirán pruebas adicionales de estabilidad financiera y ausencia de dependencia de beneficios sociales.

Países afectados y alcance

La lista completa abarca una amplia gama de países de África, Asia, Medio Oriente, América Latina y Europa del Este, incluidos naciones como Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Nigeria, Rusia y Somalia.

Aunque la mayor parte de los afectados serán solicitantes familiares o aquellos que buscan una residencia permanente, expertos advierten que esta medida podría tener un impacto profundo en las familias migrantes y en los procesos consulares internacionales, ya que bloquea miles de casos potenciales.

Críticas y contexto

Organizaciones de derechos civiles y defensores de migrantes han criticado la medida, señalando que no está respaldada por evidencia clara de que los inmigrantes representen una carga para el sistema de beneficios estadounidense. También alegan que la suspensión podría disuadir a inmigrantes elegibles de usar servicios básicos o beneficios por temor a perjudicar sus solicitudes futuras.

Esta acción se suma a otras políticas migratorias más estrictas impulsadas por la actual administración, que incluyen prohibiciones de entrada para ciertos países, límites a solicitudes de asilo y controles más rigurosos a permisos de residencia.