El Gobierno de Javier Milei avanzó con su proyecto de reforma laboral, una de las piezas centrales de su programa de desregulación económica, con el objetivo de flexibilizar las condiciones de contratación, reducir la litigiosidad y promover la generación de empleo formal. La iniciativa forma parte del paquete de reformas estructurales que el oficialismo impulsa en el Congreso.

Entre los ejes principales, el proyecto propone modificaciones en el sistema de indemnizaciones por despido. Se habilita la posibilidad de reemplazarlas por fondos de cese laboral acordados en convenios colectivos, similares al esquema de la construcción, donde empleadores realizan aportes periódicos para cubrir eventuales desvinculaciones.

La reforma también amplía el período de prueba para nuevos trabajadores, llevándolo hasta ocho meses en empresas pequeñas y medianas. Según el Gobierno, esto busca incentivar la contratación reduciendo riesgos para el empleador durante la etapa inicial del vínculo laboral.

Otro punto clave es la reducción de multas laborales. El texto elimina o disminuye sanciones vinculadas al empleo no registrado o registraciones deficientes, bajo el argumento de que el sistema actual desalienta la formalización y promueve la judicialización.

En paralelo, se incorpora la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, que permite a emprendedores contratar hasta cierto número de personas sin generar relación de dependencia tradicional. Esta modalidad apunta a regular esquemas de trabajo autónomo y de economía de plataformas.

La iniciativa incluye además cambios en licencias y modalidades de contratación, promueve acuerdos individuales por sobre algunos convenios colectivos y refuerza mecanismos de mediación y arbitraje para resolver conflictos laborales sin llegar a juicio.Con esta media sanción la semana que viene el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados, durante el período de sesiones extraordinarias.