La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI), al poner en marcha una estrategia para debilitar al organismo mediante sanciones, restricciones migratorias y presión diplomática sobre países aliados. El plan fue presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que la Corte representa «una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense» y adelantó que Washington trabajará para desmantelarla «paso a paso», si es necesario.

La estrategia contempla prohibir el ingreso a Estados Unidos de funcionarios de la CPI, endurecer las sanciones contra integrantes del tribunal y organizaciones vinculadas, además de impulsar una campaña internacional para que otros países cuestionen la legitimidad del organismo e, incluso, abandonen el Estatuto de Roma. Asimismo, el Departamento de Estado instruirá a embajadores y representantes estadounidenses a promover esta postura entre gobiernos aliados. Según la administración Trump, aquellos países que mantengan su respaldo a la Corte podrían enfrentar un mayor escrutinio por parte de Washington, especialmente si reciben asistencia política, económica o militar de Estados Unidos. Rubio defendió la medida al afirmar que la CPI pretende actuar como «un árbitro global sin rendición de cuentas» y aseguró que su gobierno no permitirá que un organismo internacional interfiera en la soberanía estadounidense.

La ofensiva representa un nuevo episodio del distanciamiento de Trump de las instituciones multilaterales. Aunque Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, durante su primer mandato ya había impuesto sanciones contra funcionarios del tribunal por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán y por abrir investigaciones relacionadas con autoridades israelíes.

Especialistas advierten que, si Washington logra convencer a algunos de sus aliados de retirarse de la Corte o reducir su apoyo, la capacidad de la CPI para investigar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios podría verse seriamente afectada.

La Corte depende en gran medida de la cooperación de los Estados para ejecutar órdenes de captura, obtener pruebas y desarrollar sus investigaciones, por lo que una disminución del respaldo internacional limitaría significativamente su margen de actuación. Además, analistas consideran que esta nueva ofensiva podría profundizar las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos sobre el papel de los organismos multilaterales y debilitar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas frente a violaciones graves del derecho internacional.