El Parlamento Europeo votará una ley que pretende aumentar las devoluciones de inmigrantes irregulares, también mediante centros de deportación fuera de la UE, detenciones de hasta dos años y redadas en domicilios que las ONG comparan con los métodos del ICE al estilo estadounidense.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo aprobó ya una versión del texto apoyada por los grupos de centroderecha, derecha y extrema derecha, lo que rompe la tradicional «mayoría centrista». Los grupos de izquierda anunciaron su oposición al proyecto de ley. Los grupos de izquierda critican duramente el resultado. «El texto aprobado refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro la vida de las personas y atentará contra su dignidad».

La iniciativa permitirá a los países de la UE deportar a los inmigrantes irregulares a terceros países no relacionados con su origen, siempre que tengan acuerdos bilaterales en vigor con Estado no miembro de la UE para construir en su territorio centros de internamiento denominados «centros de retorno».

En ese sentido, los centros de retorno pueden ser lugares de tránsito o lugares donde se espera que una persona permanezca, lo que plantea problemas sobre los derechos de las personas migrantes, ya que serían devueltas a países con los que no tienen ninguna relación.

El respeto de los derechos fundamentales en los centros de detención construidos fuera de la UE también es motivo de preocupación para las ONG, que denuncian la falta de salvaguardias y de rendición de cuentas.

La responsabilidad en este sentido se asigna únicamente a los Estados miembros de la UE, ya que el Parlamento Europeo eliminó una disposición que preveía la creación de un organismo o mecanismo independiente para supervisar la aplicación efectiva de los acuerdos con terceros países, propuesta inicialmente por la Comisión.

«El hecho de que estos centros puedan establecerse mediante acuerdos, memorandos de entendimiento informales u otras formas de consenso significaría que no hay normas jurídicas claras y sólidas de supervisión», aseguraron parlamentarios de izquierda.